Resumen: IT por COVID-19 en personal que presta servicios en un centro sanitario (enfermera). Es un proceso derivado de Enfermedad Profesional. Se sigue doctrina contenida en STS 186/2025 de 12 de marzo (rcud 1395/2023
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda interpuesta por CGT contra las empresas del Grupo Groundforce y los sindicatos que suscribieron el conflicto colectivo de grupo en la que pretendía se que los artículos 94 y 95 del V Convenio Colectivo del Grupo de Empresas GROUNDFORCE deben ser interpretados en el sentido de que los trabajadores ostentan el derecho a una subida salarial del 6,5% en el devengo correspondiente al año 2021, quedando dicha subida consolidada en la base salarial, y por tanto, las subidas salariales previstas para los años posteriores, conforme al artículo 94, deben aplicarse sobre una base ya incrementada con ese 6,5% ya devengado, así como que el artículo 95 se refiere al abono diferido de dicha subida correspondiente al ejercicio 2021, sin que ello afecte al devengo y consolidación del incremento ya reconocido y la consiguiente condena a su abono, por cuanto que la Comisión Paritaria ha interpretado el precepto en sentido contrario sin que pueda considerarse que dicha interpretación se aparte de modo manifiesto de la intención de las partes a la hora de suscribir el Convenio.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una sociedad sanitaria contra la resolución inadmite su reclamación y hoja de aprecio por daños y perjuicios sufridos durante la intervención administrativa de un hospital en el primer estado de alarma por la COVID-19. La Sala desestima la excepción de incompetencia y anula la inadmisión impugnada reconociendo la competencia autonómica. En cuanto al fondo, el tribunal analiza la figura de la requisa y la responsabilidad patrimonial derivada, acción que no fue ejercitada ni invocada por la demandante. Además, se considera que las medidas adoptadas durante la pandemia, incluyendo la intervención del hospital, se ajustaron al principio de precaución y fueron proporcionadas, necesarias y adecuadas para proteger la salud pública. Asimismo, se rechaza la existencia de un régimen especial de responsabilidad patrimonial durante el estado de alarma distinto del régimen general, y se confirma que la carga de la prueba recae en quien reclama la indemnización para demostrar la falta de justificación de las medidas. Finalmente, se desestima la pretensión indemnizatoria por lucro cesante y daños, al no concurrir antijuridicidad ni incumplimiento de la Administración, estimando tan sólo la anulación de la resolución administrativa que inadmitía el recurso.
Resumen: Negociación colectiva. El VII Convenio Colectivo Marco del sector de la dependencia no prevé el informe favorable de la comisión paritaria para negociar un convenio de ámbito autonómico, sino solo para abrir nuevos ámbitos negociales distintos de los previstos en el mismo. Constituye un criterio válido de determinación del ámbito funcional de un convenio, que un cierto porcentaje de la facturación proceda de la administración pública; el criterio no es arbitrario o irracional. Reitera la doctrina: STS 30/09/2025
Resumen: Se interpone recurso de casación frente a sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares. La Sala estima el recurso de casación y concluye que, cuando la Administración ha escogido como procedimiento de valoración el dictamen de peritos resulta necesario, con carácter general, la inspección ocular in situ personal y directa del inmueble por parte del perito, y, además, esa visita o comprobación debe implicar de manera necesaria e inexorable tanto el examen del exterior como del interior del inmueble y de todos aquellos otros elementos que sean precisos para la comprobación del valor real del bien (como existencia de servidumbres visibles, su estado de construcción o conservación aparente, ocupación ilegal por terceros, etc..) para así garantizar el acierto en la singularización de la valoración, y, con ello, de la suficiente motivación de la resolución, no siendo bastante o suficiente una visita solo al exterior, o la toma de fotografías por personal de la Administración de la AEAT que colabora con el Gabinete Técnico y de Valoraciones.
2.Con carácter excepcional y solo en casos muy concretos en que existan circunstancias concurrentes de las que resulte que no es precisa la inspección ocular in situ personal y directa del interior y exterior del inmueble por parte del perito podrá no ser inspeccionado siempre que la propia Administración Tributaria autora del acto justifique mediante datos contrastados, justificados y objetivos en el expediente de valoración que no es precisa la inspección ocular in situ interior y exterior del inmueble, sin que el órgano jurisdiccional pueda sustituir la falta de motivación contenida en el informe pericial de valoración".
